Texto que sirve de base del artículo publicado ayer, día 15 de octubre, en la sección de Economía del diario Expansión
La inquietud de los acreedores
El crédito de una empresa, familia o Estado depende de la confianza del acreedor en que pueda atender a sus obligaciones en el futuro. Así de simple. Aplicado a la deuda soberana, nuestros acreedores querrán saber tanto la situación actual como, lo que es más importante, las perspectivas de los ingresos y gastos del Estado, tanto el central como el autonómico y municipios. Y estas previsiones dependerán de manera determinante de la evolución esperada de la actividad económica y el empleo. Sólo si los intermediarios financieros y ahorradores internacionales prevén que el país crezca sobre bases firmes confiarán en que sus préstamos serán ciertamente devueltos. Este razonamiento tan sencillo, pero tan tozudo y cierto, está en la base de las recientes rebajas de las calificaciones de la deuda soberana española de Fitch, la semana pasada, y de Standard and Poor’s (S&P), ayer mismo.
Y es que no basta con el ajuste presupuestario que viene haciendo España en los últimos dos años. Esta es una condición indispensable para sanear las finanzas del Estado que, recordemos, de haber continuado con el ritmo de crecimiento del déficit público iniciado en 2008, nos habría conducido al colapso de las cuentas públicas en pocos años. La corrección de esa deriva fiscal insostenible, y el compromiso de volver al equilibrio presupuestario en pocos años, ha permitido a España detener, en parte, la pérdida de crédito a que estaba (y aún está) expuesta. Además, el saneamiento de las cuentas públicas reduce las necesidades de financiación del Estado y, con ello, no acapara la ya escasa oferta de crédito disponible para empresas y familias. Ahora bien, el recorte de gastos no es suficiente. Si la economía no crece de nuevo de manera estable, las perspectivas de ingresos públicos empeorarán y, asimismo, aumentará el gasto público en el seguro y ayuda por desempleo, así como en distintos gastos sociales de apoyo a las familias más necesitadas.
¿Qué más puede hacer el gobierno? No es el responsable directo de la creación y destrucción de empleo. Pero sí puede condicionar, y mucho, el escenario en que familias y empresas ejercen libremente su actividad. El informe de S&P da algunas pistas: la reforma laboral se enjuicia como inacabada y aún hay dudas sobre la solvencia de los activos del sistema bancario. Además, hay otros dos factores que se citan en el informe como determinantes de la rebaja de la calificación: (1) Dado que la tímida recuperación española de los últimos trimestres se debe fundamentalmente al crecimiento de nuestras exportaciones, S&P considera que las peores perspectivas de crecimiento mundial afectarán de manera particularmente negativa a nuestro PIB. (2) Además, aún sigue siendo muy elevado el endeudamiento del sector privado en España, que depende en gran medida de la financiación exterior para la renovación de los créditos contraídos por empresas y familias. Ello convierte a España en una economía especialmente vulnerable a los efectos de la prolongación de las tensiones financieras existentes a escala mundial.
Todo ello ha provocado un deterioro notable de las perspectivas sobre la economía española, y son ya muchos los institutos de coyuntura que prevén una nueva entrada en recesión en 2012. Si este escenario negativo se confirmara, las previsiones de déficit del Estado central y de las CCAA y municipios habrían de corregirse al alza, así como las previsiones de desempleo, lo que implicaría adicionales medidas de ajuste del gasto público. De confirmarse estas perspectivas recesivas, S&P anuncia adicionalmente probables nuevas rebajas de la deuda española en el futuro.
Juan Castañeda.
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