Weber tiene razón

Publicado en Expansión, el 1 de marzo de 2011

Weber tiene razón

El Presidente del Bundesbank, A. Weber, publicó el martes 22 de febrero un muy acertado artículo en Financial Times alertando sobre los riesgos de gestionar con criterios políticos laxos la salida de la actual crisis de la deuda pública que afecta especialmente a algunos países del área euro. Es claro que a ningún Estado miembro de la eurozona le conviene la inestabilidad, ni aún menos el colapso, del sistema monetario que comparten. Ahora bien, la asistencia a los socios con problemas financieros a través del fondo de rescate europeo no debe erosionar la independencia del BCE, ni la preeminencia de criterios coherentes y firmes de solvencia financiera y disciplina fiscal en el marco institucional europeo, de modo que podamos mantener la credibilidad del BCE y la estabilidad del poder de compra de la moneda común.

Weber aconseja adoptar una estructura institucional en el área euro en la que primen los principios que ya establecía el Tratado de Maastricht: (1) responsabilidad nacional de cada país respecto de su conducta financiera, por tanto, (2) subsidiariedad de las instituciones europeas, así como (3) la prohibición del rescate de Estados. Estos principios sí serían compatibles con la aplicación de un fondo de rescate que facilite la salida de situaciones de crisis, así como el ajuste fiscal que los gobiernos que han sido manirrotos, más temprano que tarde, habrán de realizar. En su lugar, contraviniendo tales principios, en la UE se está poniendo en riesgo el marco institucional que fue diseñado para preservar la estabilidad y el valor de la nueva moneda. Ello se debe tanto a problemas operativos en la aplicación del fondo de rescate como, lo que es más determinante, a una incorrecta concepción de los verdaderos fines de este fondo dentro del correcto funcionamiento de la moneda única.

Por un lado, transcurre mucho tiempo desde que un país empieza a sufrir un episodio de crisis financiera hasta el momento en que los gobiernos aprueban la concesión de ese fondo de rescate, por lo que hay un período en que los inversores tienen incentivos racionales para especular contra la posición del Estado afectado y así poder obtener tipos de interés cada vez más altos en las nuevas emisiones. Por tanto, o se usa el fondo de manera inmediata o se decide no rescatar a los socios que sean insolventes, haciéndoles así verdaderamente responsables de su fallida política económica. Ello nos lleva a la discusión de los criterios que deben regir la asistencia a un país afectado: como los gobiernos alemán y francés se están encargando de subrayar en las últimas semanas, los créditos concedidos con cargo al fondo de rescate deben ir acompañados de un plan creíble de ajuste fiscal controlado por las instituciones europeas. Por tanto, tal crédito ha de entenderse únicamente como un “colchón financiero” que facilita al Estado afectado abordar el requerido ajuste fiscal, porque tal ajuste, con ayuda de sus socios o sin ella, ha de hacerlo en todo caso.

Por otro lado, los que ya eran partidarios de “relajar” las condiciones de crédito en el área euro en los años previos a la crisis (que ya eran muy generosas), como si ello sirviera para estimular el crecimiento económico, proponen ahora con aún más fuerza una política de tipos de interés bajos ad eternum y que sea el propio BCE el que intervenga como prestamista de última instancia de los Estados necesitados mediante la compra directa de deuda pública. Con ello, se pide al BCE que incumpla sus propios Estatutos. Contra el criterio de uno de sus más notorios consejeros, el Sr. Weber, este paso ya lo ha dado el BCE y mis reticencias son aún mayores.

De manera indirecta, el BCE ya está actuando desde el inicio de la crisis como prestamista de “primera” instancia de los Estados. Y sí, digo de primera instancia porque desde 2007 el BCE ha ampliado y abaratado de manera extraordinaria el crédito que da regularmente al sistema bancario; y son precisamente el conjunto de bancos y otras instituciones financieras los principales compradores de la deuda pública de los Estados miembros. Asimismo, dada la ausencia contrastada de una auténtica disciplina fiscal en la UE (el incumplimiento reiterado del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es un claro ejemplo de ello), estaría justificado poner en manos del BCE la aplicación del fondo de rescate. Ello respondería a su posición como garante último del sistema de pagos en el área euro. En cumplimiento de esta función,  se encargaría de decidir de manera independiente los criterios para la concesión de créditos extraordinarios a los Estados que, aún siendo solventes a medio y largo plazo, tuvieran un problema de liquidez a corto plazo. Dichos criterios pasarían por fijar firme y claramente un plan de ajuste fiscal para dichos Estados. De este modo, la aplicación de estas condiciones excluiría el rescate automático y garantizado de Estados insolventes, así como impondría el saneamiento sus cuentas públicas.

En cambio, la mera compra directa de deuda pública no lleva aparejada tales condiciones y no hace sino aliviar a corto plazo la crisis de la deuda de los Estados al  coste de minar la credibilidad e independencia del BCE y, con ello, la estabilidad y credibilidad de su moneda. La historia se ha encargado de demostrar ya demasiadas veces que la monetización per se de la deuda pública no sirve para estimular el crecimiento económico, como si el simple aumento de la liquidez fuera una vía efectiva para salir de una recesión. La UE debería aprovechar la actual crisis de la deuda europea para crear un marco institucional compatible con el buen funcionamiento de su moneda, para lo que será necesario lograr una verdadera disciplina fiscal así como preservar la independencia del BCE.

Juan Castañeda. Economista, UNED.

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